El procurador general Brown presentó una demanda contra Fidelity Information Services para proteger la información personal de quienes solicitan o perciben beneficios de asistencia alimentaria

SEATTLE – El procurador general Nick Brown presentó ayer una denuncia por incumplimiento de contrato contra la empresa Fidelity Information Services (FIS) para que se le prohíba divulgar de forma ilegal la información privada y personal de más de un millón de habitantes de Washington que perciben o han solicitado beneficios de asistencia alimentaria, para destinarla a las iniciativas de deportación del gobierno federal.

Desde el 2015, FIS ha estado contratada por el Department of Social and Health Services (DSHS, Departamento de Servicios Sociales y de Salud) para realizar pagos de beneficios a sus beneficiarios. El DSHS administra programas de asistencia alimentaria, incluidos el Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP, Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria), financiado con fondos federales, y el Food Assistance Program (FAP, Programa de Asistencia Alimentaria), financiado con fondos estatales. El FAP brinda beneficios alimentarios a las personas que podrían haber sido beneficiarias del SNAP, pero han quedado excluidas del programa federal debido a su situación migratoria.

“Las personas con necesidad de asistencia alimentaria para sí mismas y sus familias deberían poder tener la garantía de que su información se gestionará de forma segura y privada”, sostuvo Brown. “Si una entidad contratada no cumple con los términos acordados, nos encargaremos de que respondan ante la ley”.

La ley de Washington prohíbe que la información referida a las personas que perciben o solicitan beneficios públicos se divulgue sin autorización o se utilice para fines inadecuados. Asimismo, el contrato con FIS exige que la empresa cuente con el consentimiento expreso por escrito del DSHS antes de divulgar esta información, y que respete las normas y políticas del DSHS orientadas a proteger la información de los beneficiarios.

Sin embargo, el 9 de mayo, FIS informó al DSHS sobre su intención de entregar información personal de los beneficiarios del SNAP e información sobre transacciones al U.S. Department of Agriculture (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos). Esto ocurrió debido a la postura errónea del USDA de que podía usar la ley federal de beneficios alimentarios para obtener información del SNAP recurriendo directamente a los contratistas, en vez de a agencias estatales, para luego destinarla a las iniciativas de redadas migratorias de la administración de Trump.

El 14 de mayo, el DSHS le informó a FIS que la agencia no daba su consentimiento para el envío de información confidencial al USDA, y, en principio, FIS aceptó no divulgar información hasta recibir la autorización pertinente. Sin embargo, a partir de ese momento, y ante la insistencia del USDA de recopilar información personal de los beneficiarios del SNAP, FIS no ha respondido a los pedidos del DSHS de que confirmen su abstención de enviar información al DSHS sin el consentimiento expreso requerido.

En la denuncia, presentada ante el Thurston County Superior Court (Tribunal Superior del Condado de Thurston), Brown sostiene que el DSHS tiene derecho a solicitar una orden judicial que le prohíba a FIS entregar información confidencial al USDA y una declaración que deje de manifiesto que la divulgación no autorizada de información constituiría un incumplimiento del contrato. En la denuncia también se solicita al tribunal que determine que cualquier divulgación no autorizada de información confidencial y personal constituirá una violación de la Washington Consumer Protection Act (Ley de Protección al Consumidor de Washington) y la Washington Law Against Discrimination (Ley de Washington contra la Discriminación).

Brown solicita al tribunal que ordene a FIS no revelar ninguna información confidencial a ningún tercero sin el consentimiento expreso por escrito del DSHS.

La copia de la denuncia está disponible aquí.

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